El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado la esperada Sentencia 426/2026, de 24 de junio, poniendo fin a la disparidad de criterios que existía entre las Audiencias Provinciales sobre una de las medidas de presión más debatidas por los propietarios.

La conclusión del Alto Tribunal es nítida: dar de baja o suspender los servicios de luz, agua o gas en un inmueble ocupado de forma estrictamente ilegal (sin ningún tipo de título ni contrato) no constituye una infracción penal.

El tribunal fundamenta esta decisión en tres argumentos muy lógicos: la ley no obliga a nadie a mantener activos servicios para beneficiar a un infractor; no es exigible que el legítimo dueño sufrague los costes de quienes han invadido su propiedad; y mantener estos consumos a costa del titular consolidaría un beneficio económico ilícito derivado de la propia ocupación.

Sin embargo, la sentencia introduce una advertencia crucial. Este criterio se aplica de forma exclusiva a la ocupación delictiva pura (la usurpación). La interrupción de suministros sigue siendo delito de coacciones si se realiza frente a inquilinos con impagos de rentas (donde existió un vínculo contractual previo) o en el contexto de disputas familiares y procesos de divorcio.

Dada la delgada línea procesal si te encuentras en una situación similar, es fundamental analizar la situación documental de la vivienda antes de tramitar cualquier baja contractual.



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